Por carecer del permiso correspondiente personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) quienes resguardan Isla La Palma impidieron el acceso de los topógrafos que realizarán la medición dela Isla localizada entre Guerrero y Michoacán.
Al respecto la titular de la Comisión Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la Costa (CEDELAC), Eloísa Berber Zermeño, señaló que se pretende dar seguridad jurídica para invertir en la isla por lo que determinó el gobierno de Fausto Vallejo, realizar a petición de los demandantes nueva medición del predio de más de 600 hectáreas.
Por su parte, los ejidatarios y posesionarios, de Las Guacamayas, Zacatula y disidentes ejidatarios de Melchor Ocampo argumentan ilegalidad de parte de la LXXI legislatura del congreso michoacano quien presuntamente pagó al ejido de Zacatula por la desincorporación de Isla La Palma, de tal suerte que piden nulidad de dicha acción ante los tribunales agrarios.
Ulises Leñero García, abogado de los comuneros informó que son 440 hectáreas que son bienes nacionales, bajo eso se hizo una solicitud a la reforma agraria, donde los ejidatarios de Santiago Zacatula piden el pago del excedente de las tierras, los ejidatario las Guacamayas están considerando las utilidadesdel 20% de lo que generen las tierras y de los árboles de casi 170 hectáreas y los de Melchor Ocampo también los pagos de los bienes distintos a la tierra.
Dijo que se mantienen sujetos a nuevas negociaciones, “No somos vivales como nos han acusado, nos asiste un derecho y es lo que estamos peleando” subrayó al ser entrevistado en el litoral de la Isla previo a la medición “Nos han abierto las puerta el Secretario de fomento económico, Ricardo Martínez y la titular de CEDELAC Eloísa Berber, a quienes agradeció su cooperación, “Estamos en las puertas de una nueva medición para la gente que ha trabajado la tierra”.
Señalo que buscan también llegar a un acuerdo con la LXXII Legislatura del congreso michoacano para que se les paguen las tierras a los campesinos guerrerenses y michoacanos ante la invasión de empresas y la iniciativa privada que han ocupado y adquirido predios de la Isla sin finiquitar los derechos agrarios.
Señaló que el decreto del pasado 3 de junio del 2010 registra “visos de ilegalidad derivado de que se extendieron 217 hectáreas más a los autorizadas por los legisladores mismas que pertenecen al estado guerrerense.”
Leñero García dejó entrever que el consejo ejidal tomará la determinación de pedir un juicio de nulidad por la aprobación del 3 de junio del 2010, hecha por el Congreso michoacano dedesincorporar los predios en la Isla, para ser otorgados a la empresa ferroviaria Kansas City Southern de México y donde se pretende construir un parque industrial.
Cabe destacar que presuntamente hay un contrato donde Leonel Godoy, ex gobernador de Michoacán,vendió a la ferroviaria KCSM 184 Hectáreas cuyo valor comercial es de más de 4,000 millones de dólarespor 23 millones de dólares los cuales utilizaría supuestamente para urbanización del área.
Ya en noviembre de 2006 la anterior Legislatura local donó 183.6 hectáreas, por lo que con el nuevo decreto el sector empresarial se apropiará de la totalidad del terreno, el cual alcanza las 628.4 hectáreas.
El objetivo es utilizar esos terrenos para construir el llamado Recinto Fiscalizado Estratégico, uno de los proyectos más ambiciosos para puerto Lázaro Cárdenas. El lugar contará, entre otros espacios, con un Parque Industrial y la nueva sede de KCS, la empresa estadounidense que tiene el manejo, vía concesión, de la mayor parte de la red ferroviaria en el centro de México.