Mediante el uso de la fuerza pública Michoacán mantiene bajo resguardo Isla La Palma, utilizando como retenes al Grupo de Operaciones Especiales (GOES) quienes están acampados en entrada principal de la Isla. No obstante, Campesinos Unidos del Ejido de Santiago Zacatula, tienen adentro sus parcelas con árboles frutales en producción y animales de crianza.

Luego de un brutal desalojo que violó un amparo de los campesinos, este salió favorable a los trabajadores del campo, tras un año de que sus abogados comprobaron la fragante violación a la ley.

Gilberto Galeana Calderon, Dirigente del grupo pidió a sus compañeros “no se dejemos intimidar ni mucho menos convencer para que no caigamos en una desunión que es a lo que le apuesta el gobierno del estado de Michoacán, por esa razón es que está dando tiempo”. Luego de referirse a la serie de declaraciones desatadas en torno al caso por el gobierno de Michoacán.

En tanto el juicio civil de los posesionarios de la isla continúa, y se espera de un momento a otro llegue a la Palma un notario a certificar, y dar fe de que se les impide el paso, con el argumento de que mantienen bajo resguardo la Isla. Así lo pudo constatar UNIÓN de Michoacán cuando solicitó acceso para tomar nota de los acontecimientos.

En el juicio de amparo los posesionarios demuestran que tienen gente viviendo y trabajando dentro de la Isla, manifestando con ello la posesión, aunque el gobierno de Michoacán tiene escrituras del lugar, los afectados aseguran que no son válidas porque en primer lugar se expropiaron 440 hectáreas y hay una escritura de casi 629 hectáreas. Esto quiere decir que escrituraron tierras que no fueron expropiadas y eso lo harán valer en el juicio civil tras asegurar que la escritura no tiene sustento.

Respecto a la inspección en Isla la Palma que realizó un actuario federal procedente de la Unión Guerrero, en calidad de Secretario del Juzgado Federal, el gobierno de Michoacán se inconformó pero le negaron el recurso de revisión por estar fuera de tiempo y forma.

Así Pescadores, ganaderos y ejidatarios todos posesionarios aseguraron que son propietarios de terrenos de la isla La Palma, porque si bien es cierto que en 1982 fueron expropiados y se les indemnizó, también es un hecho que ya pasaron más de cinco años y no fueron ocupados.

“Estamos en posesión de la tierra, la Ley Agraria, en sus artículos 97 y 48, nos ampara, porque dice que si los bienes expropiados para utilidad pública no fueron utilizados para los fines descritos en cinco años es violatorio al decreto y deberán reintegrarse los terrenos a los expropiados.”

Cabe señalar que el Fondo Nacional para el Desarrollo Portuario donó 628 hectáreas de la isla La Palma que no fueron utilizadas en el desarrollo industrial. De ahí que el pasado 13 de mayo del 2008 el gobernador Leonel Godoy Rangel se reunió con representantes de la empresa Kansas City Southern de México, con quienes firmó un convenio mediante el cual esa compañía adquiere terrenos en la isla La Palma para la ubicación de su terminal intermodal, por un monto de 23 millones de dólares.

Recinto fiscalizado

Desde la administración estatal anterior se impulsa en esa zona industrial portuaria un recinto fiscalizado; es decir, una zona franca. El 11 de febrero del 2008, tres días antes de que concluyera su administración, el ex gobernador Lázaro Cárdenas Batel inauguró el recinto fiscalizado. La zona franca autorizada por Hacienda en 2006 incluye 624 hectáreas, de las cuales, en una primera etapa, fueron inauguradas 102 dentro de la isla La Palma, en el delta del río Balsas.

La llamada zona franca del puerto cuenta con un régimen aduanero que permite la introducción de mercancías a territorio nacional, las cuales están exentas de los impuestos a la importación y tienen otras facilidades fiscales.

Fuera del área donde opera la zona franca funciona un taller de contenedores de la naviera Maersk Sealand, y en el otro extremo se dispone la segunda parte del parque de la pequeña y mediana industria, donde se construyó la promotora integral de coco-plus.

Se pretendía que el recinto fiscalizado y el parque industrial alcancen su máxima operatividad en un plazo de cinco años, lo que obliga a destinar un área de servicios complementarios, como hoteles y restaurantes, los cuales están previstos en el plan de desarrollo, pero han pasado 2 años sin que se concrete siquiera el 50% del objetivo. Georgina Gasca/APC

Por segunda ocasión desde que se registró el conflicto por Isla La Palma un segundo incendio destruyó árboles frutales de mangos y cítricos. Los hechos ocurrieron este domingo 24 de enero, a las trece horas cuando al término de su acostumbrada reunión de información, los posesionarios de la isla vieron columnas de humo que provenían de sus parcelas.

Inmediatamente procedieron a llamar a los bomberos y emergencias, aunque el fuego consumió gran parte de los árboles en producción, aún se desconocen a cuanto asciende los daños de la catástrofe, pues aparte de los cultivos existe ganado como reses, vacas y burros.

El fuego se propagó inmediatamente por la maleza seca que ha crecido desde hace dos años que lleva el litigio entre campesinos del ejido de Santiago Zacatula, Guerrero con el gobierno del estado de Michoacán.

Antes, Gilberto Galeana Calderón, Presidente de Campesinos Unidos de Santiago Zacatula, informó a sus compañeros, que la lucha continúa y los exhortó a seguir unidos, “Esos amigos adentro, sabemos que el amparo va favorable a nosotros, no nos dejemos convencer de que caigamos a una desintegración el gobierno a eso le apuesta. Los abogados vienen a La Unión para el juicio civil, es probable que también venga el juez que por ley hace las veces de notario, entonces es probable que venga aquí a dar fe.”

Cabe destacar que los posesionarios de Isla la Palma, están siendo respaldados por la Unión Campesina Democrática, cuyo representante, Bernardo Solís Radilla, ha sido gestor ante las instancias.

Entre los todos los afectados, también se encuentran enramaderos que laboraban dentro de la isla vendiendo comida a los propios trabajadores del campo. Georgina Gasca/APC