Un Año Después del Desalojo

Georgina Gasca/APC

ISLA LA PALMA,  es un conflicto agrario fuerte, es uno de los más grandes que se tienen a lo largo de la costa grande de Guerrero, advirtió, Bernardo Solís Radilla, dirigente regional en esta zona de la Unión Campesina Democrática.

Consideró que Leonel Godoy Rangel, Gobernador de Michoacán, no tenía conocimiento de la magnitud del problema aunque los campesinos posesionarios fueron desalojados el día 19 de diciembre del 2008 y a partir de esa fecha hubo unos enfrentamientos con la policía y en algún momento que les aventaron gases lacrimógenos todo por defender lo que es de ellos su derecho a la tierra y los bienes distintos a ella.

“Nosotros consideramos que cómo organización, que de alguna manera el gobernador no estaba enterado al 100% de lo que era el conflicto de isla La Palma.”

A un año de los acontecimientos y tras ventilarse los casos en los tribunales, el gobernador nombró a sus asesores, Eloy Vargas Arreola y Víctor Martínez, para coordinar mesas de trabajo que se iniciarían el 9 de diciembre de este 2009, sin embargo, estas fueron pospuestas, y ésta semana se conocerá la fecha que seguramente será para el próximo año.

Los campesinos representados por Gilberto Galeana le hicieron llegar las cédulas de los campesinos, porque según el gobernador la Isla estaba pagada, pero de acuerdo con la Unión Campesina Democrática que respalda el movimiento, tratan de demostrar que no, ya que sólo se trató de una argucia entre el comisariado ejidal y autoridades gubernamentales en el sexenio de Lázaro Cárdenas Batel.

Dentro del reclamo de los labradores de la tierra, hay un excedente de 221 hectáreas porque fueron expropiadas 440 hectáreas del ejido Santiago Zacatula, pero aún de esas 440 hectáreas algunos no se les ha pagado la tierra ni los bienes distintos a ella, eso lo van a demostrar a través de la mesa negociadora que nombró el gobernador para resolver el asunto.

Las 221 hectáreas el comisariado ejidal, Alfonso Toledo Espino, quiere que se le entreguen al ejido, pero no se le puede entregar porque esas tierras tienen dueño, que son los posesionarios, todos ellos son ejidatarios que tienen la posesión de la tierra. Incluso son propietarios de las 440 hectáreas porque tienen cultivos como palmeras de coco, platanares y diversos. Y ahora por las condiciones naturales que ha tenido el ejido ahora son 621 hectáreas.

Bernardo Solís consideró que si hay interés de que se resuelva pronto porque el gobernador manifestó ser de la costa y quiere que se desarrolle la zona a una velocidad que convenga a los que viven en Lázaro Cárdenas.

Tras revelar que el mandatario estatal aceptó que le demuestren que tienen la razón a través de una cédula y que precisamente a muchos no se les tomó en cuenta ni el ejido ni el propio gobierno del estado de Michoacán. “Nosotros vamos en el sentido de que le vamos a demostrar al Sr. Gobernador que los campesinos tienen la razón”.

Son 221 hectáreas, a cada hectárea le cabe 175 árboles pero aparte hay algunos cultivos que están intercalados, por ejemplo hay palmeras que tienen más de 40 años y mantienen en su interior árboles frutales, limoneros, papayos y cultivos diversos como maíz, calabaza y jamaíca.

El gobierno del estado solicitó toda la relación del padrón porque ellos los van a comparar con la cédula que ya pagaron en ese momento de la expropiación porque efectivamente el gobierno federal ya indemnizó al ejido de Santiago Zacatula.

Al respecto el dirigente sostuvo “si nosotros tenemos que no creemos ni lo vamos hacer tampoco que tengamos a alguna persona que ya se le pagó en éste grupo y que quiere que se le pague de nueva cuenta eso no se va a poder. La relación que nosotros le estamos presentando son compañeros que no les ha pagado ni un cinco y no se les ha tomado en cuenta para nada dentro de esta expropiación”.

De la reunión del día 17 de noviembre del 2009, se desprendió el acuerdo de hacer llegar al gobierno de Michoacán todas las cédulas para que las cotejen en comparación con las que ya se han pagado.

Cabe recordar que se hizo una expropiación en 1982 y que se les pagó al ejido pero no se cumplió con el objetivo para lo que se hizo las expropiación por lo que los ejidatarios vuelven a estará de acuerdo a que se haga la expropiación siempre y cuando se les pague aquella personas que no han sido pagadas los bienes distintos a la tierra y que dentro del propio decreto existe que hay un 20% de la utilidad que se les debe dar a los posesionarios de la zona.

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