Venta de Isla Inconstitucional

Georgina Gasca/APC

incost-islaTodo contrato que violente la constitución es nulo del pleno derecho, la venta de Isla la Palma son actos inconstitucionales ya que los terrenos tampoco puede ser entregados en comodato. Coinciden legisladores.

De acuerdo a la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación se regirá solo para los mexicanos por nacimiento o naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesorios.

En el Congreso del Estado persisten dudas con respecto al destino de las posibles aportaciones económicas que recibió la administración anterior de manos una compañía transnacional, debido a lo poco clara que quedó la enajenación de las 183-63-88.84 hectáreas de isla La Palma, así como por los términos en que se ofrecería el resto del inmueble a Kansas City.

La misma empresa sólo aceptó en comodato 46 hectáreas, porque su deseo fue una franja larga con espejo de agua, ya que las vías ferroviarias son longitudinales. Comodato entregado por 50 años con renovación automática por otros 50. Es decir 100 años usufructuaran la tierra.

Sin embargo la Ley es muy clara al respecto, “por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre las tierras o aguas”.

También añade que el estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convenga ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos, bajo la pena en caso de faltar al convenio, perder en beneficio de la Nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud de los mismo.dip-arquimides1Por ello en reiteradas ocasiones el diputado local por éste distrito Arquímides Oseguera Solorio, quien también tiene intereses sobre el particular por una trituradora de grava que explota su familia en Isla la Palma, asegura que Kansas City maneja el 51 por ciento de capital mexicano y el 49 extranjero.

No obstante, varios transnacionales elaboran las actas constitutivas diciendo que el porcentaje mayor es nacional, cuando en realidad sólo utilizan un presta-nombres para convalidar la venta.

A la fecha, los diputados ignoran el procedimiento para desincorporar de la administración pública las aproximadamente 400 hectáreas que restan.

Se desconoce también si existen estudios sobre el impacto ambiental que traería la construcción de la terminal multimodal ferroviaria que se pretende construir ahí.

Cabe destacar que el 16 de noviembre del 2006, la 70 Legislatura aprobó el decreto numero 85 según el cual autorizaron al entonces titular del poder Ejecutivo, Lázaro Cárdenas Batel, desincorporar las casi 184 hectáreas de la isla La Palma.

El objeto de la desincorporación fue aportarlo mediante donación al fideicomiso número 2112 para que éste desarrollara un “recinto fiscalizado estratégico” .

Una cláusula importante y comprometedora, habla de desincorporar Isla La Palma para donarla al fideicomiso que podrá permutar, recibir donativos, vender, rentar o enajenar las tierras.

diputado-huiracheEl 2112, como todos los fideicomisos se constituyó para no ser fiscalizados y cuestionados sobre los dineros que entren y salgan, por lo que David Huirache Bejar, legislador local priísta quien ha estado trabajando el caso a través de Comisiones Unidas Legislativas, expresó “Queremos que todo se maneje de una manera clara y transparente”.

El documento también señala que si “se destinase a objeto distinto del señalado”, o bien “no se dispusiese del mismo en el término de dos años, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, la donación quedará sin efecto y el inmueble en referencia volverá a formar parte del patrimonio del estado”.

Quizá por ello la insistencia de que se modifique el citado fideicomiso cuyo propósito sería revivirlo ya que caducó con el 2008, porque se incumplió con el objetivo.

La Administración Portuaria Integral (API) de Lázaro Cárdenas publicó que KCS habría obtenido en comodato las 184 hectáreas de la isla a cambio de 23 millones de dólares, aunque sin especificar si se refería al terreno que observa dicho decreto.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública en el Congreso, Epigmenio Jiménez Rojas, declaró “hasta donde sabemos, esas 184 hectáreas se otorgaron por donación a la empresa, pero no sabemos si, en efecto, esto se llevó a cabo”.

El 13 de mayo de 2008, durante una gira por Lázaro Cárdenas, el gobernador Leonel Godoy firmó un convenio con Kansas City, en el que esta compañía adquiere parte de la isla para la ubicación de su terminal intermodal, por 23 millones de dólares.

Por no ser tomados en cuenta, los diputados del PRI y del PAN manifestaron su inconformidad, por lo que una primera iniciativa de decreto, que el gobernador presentó en julio anterior, fue desechada por los legisladores de oposición, quienes decidieron llevar a cabo un análisis profundo y prolongar la decisión hasta febrero de este año.

leonelEl 3 de noviembre pasado, Godoy Rangel afirmó que el caso de la isla la Palma se había politizado, porque no existe ningún problema de índole jurídico en cuanto a la propiedad de ese predio.

Sin embargo, un centenar de ejidatarios reclamó el derecho de estos terrenos, pero el mandatario estatal aseguró que desde hace 26 años los terrenos fueron expropiados por el gobierno federal y luego entregados a la administración estatal.

Tras la expropiación el gobierno federal hizo una liquidación a los ejidatarios y el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel otra, por lo que el asunto legalmente esta concluido, subrayó Godoy.

El conflicto de Isla la Palma es añejo pero se que ha visto agudizado, por lo que el senador David Jiménez Rumbo se apersonó el 26 de enero en el plantón que mantienen posesionarios de la isla para tomar el caso y “ hacer lo que nos toca como senadores, primero vamos a entrar a dialogar, después vía exhorto y luego la jurídica”.dijo

senadorEl senador perredista acudió a la Palma en condiciones que calificó como no deseadas “puesto que no estamos teniendo acceso, me hubiera gustado que no estuviera la policía atrás de nosotros”.

Sin embargo se mostró contento porque se encontró con viejos luchadores sociales como Bernando Solís, Coordinador de la Confederación Campesina Democrática del Estado de Guerrero; Carlos Reyes Torres, quien fue presidente de la Unión Guerrero y su hermano Crescencio, excandidato del municipio de la Unión. Todos militantes del Partido de la Revolución Democrática.

Ahí el senador prometió acciones concretas para poder tener la posesión de las tierras que por años y décadas han tenido los campesinos zacatuleños.

Asimismo ofreció su apoyo para que tengan la seguridad jurídica de que no van a ser detenidos por las fuerzas policiacas del gobierno “Democrático” de Michoacán.

Al día siguiente, martes 27, solicitó al gobierno que encabeza su homólogo con licencia y gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel para que se instale una mesa de diálogo a fin de tomar los acuerdos y se les regresen sus tierras a los trabajadores del campo o les sean indemnizadas, pagandoles el dinero que les corresponden.

“No quiero hablarles de democracia y de justicia cuando a la gente se les tiene fuera de sus tierras, cuando no puede trabajar y mantener su sustento como dignamente corresponde.” Expresó

También tomó nota para hacer lo propio con relación a las averiguaciones previas contra los representantes del movimiento, “esa acción no corresponde a un gobierno democrático lo que corresponde es el diálogo, y no responder con amenazas o averiguaciones previas, no nos queda.”

Tras recordar el abuso de poder que se dio cuando no se respetó el mandato judicial otorgado mediante un amparo que poseían los campesinos para que no fueran desalojados de sus parcelas.

Afirmó “Vamos a estar muy atentos porque no vamos a permitir un acto de corrupción donde bajo el agua pueden comprarse a las autoridades ejidales, porque los gobiernos aún los democráticos pueden caer en la tentación y que por la pobreza misma puedan acepten actos impropios, por lo tanto vamos a vigilar todas las rutas”

En contraparte, el diputado panista, Marko Cortés consideró que la venta sería factible una vez que el Legislativo local ordene la realización de un nuevo avalúo, “para que se pague por el terreno a precio de mercado”.

A su visita por Lázaro Cárdenas, el miércoles 28 de enero, contrario a la postura de la bancada panista del congreso local, indicó que por la utilización que se pretende dar a las tierras, “la empresa recuperará rápidamente su inversión y el Gobierno del Estado se verá beneficiado”.

Coincidió en que se transparente el fideicomiso que está a cargo de la administración estatal y propuso que para la venta del resto de la superficie se convoque a una licitación pública abierta, como las que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Este mecanismo deberá contener candados que garanticen inviertan en el lugar empresarios que tengan interés real por detonar el desarrollo en el Puerto, a la vez que se evite la concentración en pocas manos de todos los terrenos de la zona para impulsar la sana competencia.

La pregunta obligada es donde quedaron los 76.5 millones de pesos dispuestos para la creación del recinto fiscalizado estratégico y quien avaló el comodato de cien años de tierras michoacanas a extranjeros.

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