Estado de Sitio

Bitácora Republicana
Porfirio Muñoz Ledo
Entre las cuestiones centrales que justificaban el aparatoso ejercicio montado por el Congreso para reformar el Estado estaba la definición de un nuevo régimen de gobierno. Partidos, legisladores y especialistas formularon propuestas varias, desde la adopción del sistema parlamentario hasta el gobierno de gabinete. Predominó el esquema semipresidencial y sólo el PAN se inclinó por el fortalecimiento del presidencialismo. Como en casi todos los temas, a pesar de las cuantiosas y valiosas aportaciones, el proyecto se disolvió en el pantano legislativo.

Las transacciones cupulares rasuraron la agenda y prevalecieron las pretensiones de Los Pinos, desde donde se ha ejercido un derecho de veto azul. En cada terreno se han impuesto las iniciativas presidenciales y se han adelgazado las contrarias, incorporándolas a cuentagotas para efectos compensatorios y publicitarios. Por ejemplo: al escamotearse la reforma constitucional en medios de comunicación se reafirman las potestades del Ejecutivo con la mano de Cofetel (Comisión Federal de Telecomunicaciones); al evadirse la creación de un Tribunal Constitucional se consolida una Corte arbitral adicta al gobierno; al sabotearse la reforma fiscal de la Federación se prolonga un centralismo aberrante y los mecanismos de concesión y componenda con las autoridades locales llamados “participaciones”. Así ha ocurrido con la última reforma. Cuando el PAN presidía la CENCA sugirieron priorizar el capítulo de seguridad y justicia, a lo que algunos consejeros respondimos que su procesamiento era todavía inmaduro y que, en dado caso, era inseparable del tratamiento de los derechos humanos. Extrañamente, éstos terminaron fundiéndose en el capítulo de garantías sociales y se emprendió por separado un laborioso esfuerzo en materia penal. Sorpresivamente, se introdujo de contrabando una iniciativa del Ejecutivo, centrada en su visión autoritaria de la seguridad interna, a la que finalmente se le añadieron algunos elementos de nuestro proyecto. El resultado está a la vista: un avance indiscutible por lo que hace a la implantación de los juicios orales y retrocesos inaceptables en lo que se refiere a las libertades públicas. Como lo ha subrayado el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Contiene elementos preocupantes y deplorables, atenta contra derechos fundamentales y otorga mayor benignidad al poder y mayores restricciones al individuo”. Añade García Ramírez: “La ley general de delincuencia organizada es un engendro diabólico —como el bebé de Rosemary—. En adelante tendremos dos sistemas de justicia. Basta que dos o tres personas se coludan para la comisión de delitos previstos en el propio ordenamiento para que se tipifique el crimen organizado y sean objeto de un tratamiento de excepción. Estamos entrando al terreno de derechos con garantías recortadas o incluso sin ellas, lo que resulta jurídicamente una monstruosidad”. Juristas y activistas de derechos humanos han denunciado que la reforma “nos encamina a toda velocidad hacia la implantación de un Estado policial”. Se trata de una “bifurcación del procedimiento”, cuya parte oscura intenta compensar el hecho de que “la delincuencia organizada pudo más que la burocracia desorganizada”. Los agravios mayores: el allanamiento de morada sin orden judicial que coloca a todas las familias a merced del abuso de agentes irresponsables de la autoridad, el arraigo del sospechoso hasta por 80 días que estimula la tentación de la tortura, la intervención de las comunicaciones privadas y el acceso del ministerio público a información confidencial. Diego Valadés ha recordado la similitud de estas disposiciones con la introducción en 1941 del delito de “disolución social”, que permitió hasta 1969 perseguir a quien “difundiera ideas, programas o normas de acción que afecten el reposo público o la soberanía del Estado mexicano”. Concluye: “Con la suspensión de garantías en la propia Constitución y un poder de policía no sujeto al escrutinio del Congreso ni de la Judicatura tendremos una especie de estado de sitio permanente”. La vuelta a las prácticas más tenebrosas del antiguo régimen durante la guerra fría. La supeditación, bajo la máscara de nuestra seguridad interna, a las exigencias estratégicas y los imperativos guerreristas de Estados Unidos. La servil adopción de un concepto imperial de “terrorismo”. La defraudación del “clamor social por mayor eficiencia del Estado, que éste traduce en política de mano dura, con propósitos de control político”. No en balde el Foro Social Mundial ha denunciado que estas medidas conducen a la criminalización de la protesta social y se inscriben en un diseño de militarización global. El gobierno ilegítimo ungido en 1988 nos sumió en una aguda dependencia económica y política, mientras el instalado irregularmente en 2006 hace descansar su propia supervivencia en un anexionismo estratégico por el que, a la postre, la mayoría de los mexicanos terminaríamos convirtiéndonos en migrantes o en delincuentes. Se ha recordado también que en el libro La diferencia, escrito por dos aventureros al servicio del anterior gobierno, “aparecen numerosos episodios que acreditan el empleo político del Ministerio Público”, cuya autonomía plena respecto del Ejecutivo —hoy olvidada— ha sido demanda generalizada en todos los ensayos de transformación institucional. El caciquismo mimético y depredador se ha vuelto desde entonces la tumba de los sueños libertarios de Acción Nacional. Además del mencionado, quedan en el tintero nobles propósitos de la agenda adoptada para la reforma de la justicia: el acceso a ella en condiciones de igualdad, el fortalecimiento del Poder Judicial y la desaparición de los tribunales administrativos, la autonomía del Consejo de la Judicatura, la impartición local de la justicia, el juicio de amparo, la atención a las víctimas y la reparación del daño, el sistema penitenciario y la justicia electoral; conjuntamente con la revisión integral del capítulo de derechos humanos y de sus medios de protección. Es el ejercicio todo de la reforma del Estado y no sólo los eventuales excesos en su gestión lo que debe ser sometido a una rigurosa rendición de cuentas. Más vale la denuncia oportuna y la cancelación formal de un proyecto pervertido, que la complicidad con una mascarada.

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